El primer año de PPK se veía promisorio. Su Plan de Gobierno anunciaba incrementar el presupuesto en salud, en particular del SIS; fortalecer el primer nivel de atención; ampliar la cobertura del sector público; recuperar el nivel de vacunaciones por encima del 90%; fortalecer los recursos humanos; y ampliar el Plan Esperanza para el tratamiento del cáncer, entre otros. Lo ratificó el Presidente en su discurso inicial, nos dijo que la salud sería una de sus prioridades conjuntamente con educación, seguridad ciudadana y agua segura para todos.
Sin embargo, la primera frustración fue cuando a fines de agosto el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2017 con recortes en salud, en temas tan sensibles como el SIS, cuyo presupuesto anual el 2015 fue 1,750 millones de soles y el 2016 el anterior gobierno redujo a 1,550 millones, lo que auguraba una situación crítica para el segundo semestre del 2016.
Contradictoriamente el presupuesto del SIS fue recortado más aún a 1,400 millones para el 2017. Pero también se redujo en 33 millones la contratación de personal CAS por los Gobiernos Regionales, muy necesaria para mantener y ampliar la atención de los servicios de primer nivel; además, se recortaron los proyectos de inversión para Centros y Puestos, de 1,000 a 500 millones. Esto explica en gran medida la reducida capacidad de respuesta de regiones como Piura y otras del norte para responder ante la emergencia del Niño Costero y las epidemias posteriores que han producido 38 muertes y decenas de miles de enfermos.
A eso se sumó la imprevisión frente al presupuesto recortado del 2016, que si bien fue responsabilidad del gobierno anterior, a las actuales autoridades les correspondía tomar medidas preventivas y ampliar el presupuesto del SIS para garantizar medicamentos e insumos. Como podía preverse, los recursos sólo alcanzaron hasta setiembre y tuvo que declararse en emergencia los hospitales, pero en vez de hacerlo para todo el país sólo declararon en emergencia los hospitales de Lima y Callao, por lo cual la crisis de desabastecimiento de medicamentos y falta de personal continuó. A eso se sumó en octubre el escándalo de corrupción que comprometió al Consejero Presidencial en Salud, en carado vacilantemente por las autoridades, agravando la crisis del sector.
El Gobierno no aprovechó la oportunidad de delegación de funciones legislativas. Por el contrario, sin haberlo solicitado, incorporó decretos legislativos no autorizados por el Congreso que generaron mayor caos. Con el DL 1305 de fines de diciembre le bajó el estatus al INEN y le redujo presupuesto, trastocando a la principal institución responsable del Plan Esperanza.
SIn embargo, ese mismo DL intentó desaparecer la Escuela Nacional de Salud Pública, principal instrumento para la formación de salubristas; así como derogar el DL de 2013 que creaba las Redes Integradas de Atención Primaria, instrumento fundamental para fortalecer el primer nivel de atención; y además, le quitaba funciones muy importantes al Instituto Nacional de Salud en el control de medicamentos y alimentos, producción de insumos e investigación. Felizmente el Congreso derogó este negativo DL. Pero, igualmente, aprobaron los DL 1344 y 1345 que rebajan los requisitos de calidad para inscribir cosméticos y dietéticos, requiriendo ahora sólo una declaración jurada del fabricante.
Finalmente, el Ministerio de Salud no previó cómo cumplir con compromisos pendientes con los trabajadores. Los médicos reclaman una nueva escala salarial que la anterior gestión pactó para elaborarla en el 2015 y aplicarla en el 2016. La ministra ofreció en agosto pasado resolver ese incumplimiento con la nueva escala salarial, pero no lo ha hecho; y tampoco ponerse al día con bonos atrasados de hace dos años y los 700 millones de deuda del SIS.
El Gobierno está cerrando su primer año con una grave crisis en salud por falta de profesionales, con desabastecimiento grave de medicamentos, sin insumos para análisis ni recursos para renovar equipos. Y con una deuda de 700 millones del SIS a los hospitales de todo el país que lleva a que los pacientes tengan que pagar de su propio bolsillo.
Efectivamente, es un año para olvidar; pero ojalá también para corregir y retomar políticas beneficiosas para el país.
(Foto: Esan)
